Cerebro de 'pirámide' DRFE se echó para atrás en preacuerdo que tenía con la Fiscalía

El preacuerdo implicaba para Carlos Alfredo Suárez la devolución de por lo menos el 50 por ciento del producto del enriquecimiento ilícito.
Con preocupación abandonaron los apoderados de más de 2.400 ahorradores de la 'pirámide' DRFE la sala de audiencias en la que se definiría la pena para Carlos Alfredo Suárez, luego de que éste y su defensa echaron para atrás el preacuerdo para su entrega, en el que se comprometía a la reparación de los ahorradores.
Suárez decidió allanarse a los cargos de captación masiva ilegal de dinero y lavado de activos, que le darían una rebaja en la pena, la cual debe fijar el Juez Penal Especializado del Circuito, y que podría ser hasta del 50 por ciento.
Sin embargo, aún cuando Suárez ha aceptado resarcir económicamente a sus víctimas, no se especifica el monto ni los recursos para ello.
De acuerdo con el gerente interventor, Germán Gómez-Jurado, son 399.000 los ahorradores en las 74 oficinas que en 16 meses Suárez logró montar en el país.
Se estima que el valor de la defraudación alcanza los dos billones de pesos. Hasta ahora se han recuperado 110.000 millones de pesos en efectivo y bienes por valor de unos 5.000 millones, una suma muy pequeña para la reparación integral a los ahorradores.
El abogado Juan Carlos Burgos López plantea que el 'cerebro' de DRFE debió hacer la devolución de por lo menos la mitad de los recursos captados y asegurar la forma de devolución de la suma restante, lo que no ocurrió con el preacuerdo inicial ni con la aceptación de los delitos imputados.
"En el acta de preacuerdo aparecen bienes apenas por 4.680 millones de pesos cuando las reclamaciones superan los dos billones. Entre esos bienes aparece hasta un caballo de 400 millones que no se garantiza su estado y situación hasta el final del proceso", explica.
Otro de ellos manifestó que "no salimos contentos. La Ley 906 le da participación activa a las víctimas dentro del proceso y el Juez les dio la palabra a las víctimas o representantes, pero eso no significa que le haya dado facultades suficientes para poder intervenir en decisiones trascendentales de derecho. Esto no es solo de plata, es que se haga justicia en la pena por los daños causados a miles de personas".
Aún cuando uno de los representantes de los ahorradores planteó el cambio de radicación del proceso y su traslado de Pereira al departamento de Nariño, desistió de su propósito.
En desarrollo de la audiencia se expuso que Suárez ha sido amenazado.
Ahora las víctimas tienen un mes para hacer reconocer sus derechos ante la Fiscalía y constituirse en parte civil en un incidente de repación. En caso de no estar de acuerdo con el monto que les regresa la interventora, podrían seguir con el proceso y buscar una mayor reparación.
PEREIRA.

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